Pues bien, cuenta este lunes el ABC que la Junta ha inyectado en 2008 casi un billón de las antiguas pesetas, 5.300 millones de euros en este tipo de entidades que albergan gran cantidad de irregularidades en contratación de personal, en adjudicación de contratos y en control interno -además de otras muchas cosas -, sin que nadie si esta cifra es la verdadera y sin control de nadie.

Lo único que se sabe es que este tinglado en B ha servido a los intereses partidistas del PSOE y que el Parlamento andaluz no ha logrado tener información precisa a pesar de las peticiones de IU y PP y de las denuncias de ambos.

Tras haber estado años colocando a dedo a decenas de miles de empleados en la Junta de Andalucía por el método de contratación de interinos y otros más o menos sofisticados, llegó un momento en que el PSOE y la Junta apenas tenían ya libertad de movimientos porque la Administración andaluza, mal que a su pesar, se iba consolidando y reglando.

Los sindicatos, a pesar de sus connivencias con el régimen, también querían participar en el control de las pruebas de acceso, lo que dejó a la Junta maniatada respecto a la colocación sin control practicada hasta entonces. Por eso fue con la llegada de Manuel Chaves a la Junta en 1990 cuando el mecanismo "B", de las empresas y organismos públicos paralelos a la Junta, comenzó a desarrollarse con toda su amplitud. 

Por eso tiene sentido la pregunta que se hace ABC: "¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008?

Al parecer, para poco, porque la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas —según denuncia el PP— que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita. Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP."

En 2008, la tela de araña de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, a los que ha tenido acceso ABC, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización.

La cifra se obtiene mediante la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007. De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.

La Junta financia a estas empresas directamente mediante subvenciones de explotación, encomiendas de gestión. ampliaciones de capital o solicitudes de servicios. Hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.

Hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta le pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento, la Empresa Pública de Puertos de Andalucía a la que le ha abonado un 18 por ciento o Verificaciones Industriales de Andalucía que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.

La Cámara de Cuentas ha denunciado sistemáticamente el funcionamiento de estas empresas, la última, Sandetel, dirigida por el primo de Zarrías, José Carlos Alarcón Arévalo y el amigo íntimo de Manuel Chaves, Rafael Camacho Ordóñez, además de otros gerifaltes de la Junta andaluza. Y los tribunales de justicia, sobre todo el TSJA, ha rechazado sus sistemas de funcionamiento por duplicar el costo de la Administración andaluza sin sentido del interés general.

Lo que podrían hacer los funcionarios no lo hacen y sin embargo, se contratan a miles de personas para hacer lo que hay que hacer.  Es en síntesis lo que dice la sentencia del caso Sadesi, gran victoria del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía. Sadesi ha sido una de las auditadas por la Cámara de Cuentas y donde se encontraron muchas irregularidades. Esta empresa subcontrataba servicios que la Consejería de Innovación podría hacer directamente con sus propios funcionarios.