LA DIPUTACION REALIZARA UNA CAMPAÑA DE ADHESION DE EMPRESAS AL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO EN MONTORO.
13/06/2007
La Diputación de Córdoba inicia mañana la IV edición de la Campaña de Adhesión de Empresas al Sistema Arbitral de Consumo en los municipios de La Carlota, Santaella, MONTORO , Villa del Río, Fuente Obejuna y Rute.
Con estas nuevas incorporaciones son ya 20 las localidades cordobesas donde se ha desarrollado la campaña, habiéndose alcanzando en la actualidad un total de 2.520 adhesiones de empresas, profesionales y establecimientos comerciales de la provincia, y con el objetivo fijado de conseguir las 3.000 al cerrarse esta campaña.
Esta iniciativa, que comenzó en 2004, pretende dar a conocer la Junta Arbitral de Consumo al tejido empresarial montoreño y a los consumidores, así como acercarles el Sistema Arbitral de Consumo, sus características y las ventajas que la propia Ley de Arbitraje establece.
Se busca, además, que consideren la mediación, el arbitraje y la conciliación que se lleva a cabo en este organismo como un medio rápido y eficaz para la resolución de conflictos que se susciten entre vendedor y cliente sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios de justicia.
Esta IV edición se marca como finalidad que el tejido empresarial y profesional montoreño entienda la adhesión al Sistema Arbitral de Consumo como una garantía de calidad adicional en los servicios y productos que ofrecen a consumidores y usuarios.
La campaña se realiza a través de la empresa ENCOM.A mediante el procedimiento de entrevistas personalizadas a un mínimo de 1.000 establecimientos de sectores de actividad y de zonas previamente predeterminadas.
Los sectores en los que se hace mayor incidencia a la hora de captar establecimientos comerciales adheridos son los de la construcción, talleres de reparación, muebles, venta de electrodomésticos, agencia de viajes, y enseñanza a distancia.
Dichos sectores se configuran como los que soportan un mayor número de demandas y reclamaciones en la provincia, además de presentar un menor número de establecimientos comerciales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo.
CORDOBA CUENTA CON LA PRIMERA COMISION DE CONSUMO ANDALUZA. POLITICA MUNICIPAL.
14/03/2007
Pretende mejorar los mecanismos de defensa de los usuarios.
Fomentará el flujo de información y la cooperación entre las administraciones
El delegado del Gobierno de la Junta en Córdoba, Antonio Márquez, presidió ayer la constitución de la primera Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo de Andalucía.
El objetivo de esta comisión de cooperación, según explicó Márquez, es "perfeccionar los mecanismos de prestación de servicios hacia los consumidores". Para ello, se mejorará "la labor de información y cooperación entre las administraciones públicas" que integran la comisión: las delegaciones de la Junta, la Diputación provincial de Córdoba y los ayuntamientos de Adamuz, Baena, Cabra, La Carlota, Fuente Obejuna, Palma del Río, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco y Puente Genil.
Además, este órgano consultivo albergará las funciones de estudio, análisis y propuesta de soluciones de los problemas que "afectan a los consumidores en nuestra provincia". De este modo, "se mejorará la capacidad de defensa de los consumidores, sobre todo con la unificación de criterios a la hora de interpretar las normas y asesorar a los ciudadanos". Una unificación de criterios que se centrará en las actividades de las juntas arbitrales de consumo, en la programación y ejecución de actividades inspectoras, en la elaboración de ordenanzas locales en materia de consumo y en la adopción de acuerdos para evitar que se comercialicen productos inseguros para los ciudadanos.
Según Márquez, se trata en definitiva de que los consumidores conozcan sus derechos y que "se eviten demandas en los tribunales" a través de unas "pautas de cooperación". El delegado concluyó que, "sin duda, esta iniciativa se seguirá en otras provincias de Andalucía".
Diario Cordoba. 14/03/07.
El articulo 97 de la Ley 13/2003, de Defensa y Proteccion de Consumidores y Usuarios de Andalucia, ( Titulo III, referente a la Administracion Local en la Defensa y Proteccion de los Consumidores )enumera las COMPETENCIAS MUNICIPALES ( sin perjuicio de las autonómicas) en la materia: Informacion y educacion de los consumidores y establecimiento de efectivos cauces. Apoyo y fomento de asociaciones. Fomento del sistema arbitral de consumo. Ejercicio de acciones civiles en defensa de los vecinos.Realizacion de estudios. Actividades de inspeccion...etc
En nuestra ciudad se creo el denomimado Punto de Informacion al Consumidor, en virtud del Acuerdo Diputacion-UCE (Union Consumidores de España) en poblaciones medias con las siguientes finalidades:
"-Informar, ayudar y orientar al consumidor y para realizar trámites y mediar en la resolución de conflictos entre estos y la empresa que le suministra un bien o el profesional que presta un servicio, gestionando la hoja de reclamación y la solicitud de arbitraje ante la Junta Provincial de Consumo de la Diputación.
- En paralelo, también se harán campañas sobre los temas de consumo de actualidad o que mayor preocupación despierten entre los ciudadanos, para lo que se realizarán programas de radio concretos y difusión de la información específica en nuestra red."
Propongo que se potencie la politica publica municipal en pro de la defensa de consumidores y usuarios:
- Integracion del Ayuntamiento de Montoro en la comision provincial creada.
- Adhesion a la campaña de la Diputacion de Cordoba en pro de las Juntas Arbitrales de Consumo.
- Campañas informativas y formativas hacia los montoreños en campañas de consumo.
- Sesiones, foros y Jornadas sobre temas de candente actualidad: Afinsa, endeudamiento hipotecario, Telefonía, Venta a plazos y distancia, vivienda...etc
- Asi como asuncion de competencias conforme a la legislacion especifica: Control, vigilancia e inspeccion. Ordenanzas Municipales.
Podría aprovecharse la Orden Unica de Subvenciones para entidades Locales Andaluzas para 2007:
Línea 7 (C1). Subvenciones para el funcionamiento de servicios locales en materia de consumo.
Línea 8 (C2). Subvenciones para inversiones locales en materia de consumo.
EL GRAN PROBLEMA DEL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.
26/01/2007
DISTINTOS EXPERTOS APORTAN SU OPINIÓN SOBRE LOS ASPECTOS QUE MÁS ACUCIAN EN EL PROBLEMA DEL ARRENDAMIENTO Y LOS PISOS VACÍOS. ENTRE ELLOS: REVISAR LA LEGISLACIÓN Y PROTEGER TANTO A LOS PROPIETARIOS COMO A LOS INQUILINOS, PROPIEDAD VERSUS VIVIENDA, POLITÍCAS SOBRE LO SOCIAL y LEGISLACIÓN.
Articulo de Benito Muñoz/ Alfonso Mateos. El Mundo.
Cuatro ciudadanos chilenos se meten en un piso de Barcelona, cambian la cerradura y no dejan a su dueño que pase. Además, lo denuncian por acoso aunque no pueden demostrar que pagan un supuesto alquiler. Un grupo de 'okupas' entra en una fábrica barcelonesa y dice que es una casa de cultura. El Gobierno vasco sancionará con 9 euros al día a los propietarios de pisos cuando se demuestre que están vacíos. En Cataluña toman nota y harán lo mismo si la medida funciona...
El mundo del alquiler está más que revuelto. Tal y como están las cosas, más que animar a arrendar se está animando casi a lo contrario o, al menos, a generar desconfianza en propietarios e inquilinos.
Se puede decir que el alquiler está enfermo. Así, cuatro son sus grandes males: la poca practicidad de la legislación vigente; el fracaso de las políticas actuales; la dificultad del acceso a la vivienda de los jóvenes; y una nueva corriente que pone en duda la propiedad privada, es decir, la propiedad de la vivienda.
Diferentes expertos y analistas del sector han elaborado algunas soluciones para atajar estas cuatro enfermedades para que el alquiler no 'fallezca' por un empeoramiento repentino.
Pero hasta que los remedios sean puestos en práctica, existirán, entre otras cuestiones, temor a la expropiación de los pisos vacíos, falta de consenso de los agentes del sector...
El arrendamiento sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del sector inmobiliario en España. La reciente medida que quiere adoptar el País Vasco, que podrían extenderse a Cataluña, de penalizar los pisos vacíos ha abierto un debate que obliga a buscar soluciones. Cuatro grandes enfermedades afectan hoy en día al parque de alquiler: la deficiente legislación; el fracaso de las políticas desarrolladas; las dificultades de acceso de los más jóvenes a la vivienda y la reciente corriente de opinión que hace prevalecer el derecho a un hogar digno frente al derecho a la propiedad.
PROPIEDAD VS VIVIENDA
Temor a la expropiación de los pisos vacíos
María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, ha declarado que el derecho a tener una casa digna está por encima del derecho a la propiedad. ¿Estas manifestaciones pueden hacer pensar a los ciudadanos que lo sucedido en Barcelona -que el dueño de su casa vea cómo es ocupada por unos inquilinos que, hasta que actúe la Justicia, le han expulsado de la misma- puede proliferar? Varios expertos contestan a esta cuestión. «No son derechos que se solapen. El derecho a una vivienda digna es constitucional y subjetivo, que no cabe reclamarlo en un juzgado aunque se puede pedir al Estado que lo garantice. El de la propiedad es un derecho civil garantizado a través de la Constitución. Esto no significa que se vaya a expropiar a la gente que tenga pisos vacíos», afirma Gustavo Samayoa, responsable del Gabinete Jurídico de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci).
«En España existe una fuerte mentalidad de propiedad y resulta muy difícil cambiarla. Lo que está claro es que a ningún particular se le puede obligar a alquilar su propiedad. Ni siquiera sé si expropiarle su vivienda sería constitucional. En cualquier caso, es una aberración», afirma Óscar Martínez, presidente de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios.
POLÍTICAS
Falta de consenso entre todos los agentes del sector
Entre el incentivo y la penalización fiscal. En esta encrucijada parecen encontrarse las políticas públicas en lo que al alquiler se refiere. El objetivo es claro: conseguir dinamizar un mercado que no termina de arrancar en un país donde más del 80% de los españoles son propietarios. El método también: reducir el numeroso parque de viviendas desocupadas existentes. El problema: la fórmula con la que conseguirlo.
La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) del Ministerio de Vivienda, un fracaso o un acierto -según a quién se pregunte- con algo más de 2.000 viviendas alquiladas en dos años, las bolsas de vivienda joven de la Comunidad de Madrid, que arrojan un total de 1.879 casas arrendadas a finales de 2006, y la Agencia Pública del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid, con 3.781 pisos en dos años, ejemplifican los esfuerzos de las administraciones. No es suficiente.
«En el plan 2005-2008, el Ministerio de Vivienda ha dedicado el 47% del presupuesto a casas de alquiler. Eso ya es algo. La única política a seguir es, precisamente, despolitizar la vivienda. Ya hay medidas buenas, que están en marcha, como la SPA, pero hay que darles tiempo. La fórmula es hacer una política de vivienda de Estado, de manera que intervengan todos los partidos y los agentes del sector inmobiliario», según la Fuci.
SOBRE LO SOCIAL
La dificultad de acceso de los jóvenes a un hogar
Los jóvenes son el sector social más perjudicado en materia de vivienda. En el alquiler, también. «El Plan Joven de la Comunidad de Madrid está empezando a dar sus frutos. Me parece una iniciativa equilibrada, pero no hay que olvidar que para que una política oficial de alquiler funcione hay que incentivar a los promotores», señala Nicolás González Deleito, socio de Cuatrecasas.
«El alquiler es una solución para facilitar los problemas de emancipación de los jóvenes. En la actualidad tan sólo uno de cada cuatro se ha independizado», explica José Luis Arroyo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE). «Es necesario que se coordinen las distintas políticas de vivienda para conseguir crear un parque público de alquiler verdaderamente efectivo». Y es que desde el CJE detectan «un problema fundamental de desinformación sobre las distintas iniciativas de las diferentes administraciones».
Pero el problema es más amplio. «No sólo hay que acordarse de los jóvenes. No deberíamos olvidar a un colectivo tan importante como el de los inmigrantes, a los que sí utilizamos para la mano de obra barata, que nos ayudan a sacar la economía adelante, y después también tienen dificultades con la vivienda. Son buenos pagadores y merecen atención pública», apuntan en la Fuci.
LEGISLACIÓN
Normativa desfasada o que no se cumple
¿Fallan las leyes actuales? «No se puede decir que la legislación vigente sea inadecuada. No sería tanto modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) como hacer que se cumpla la Ley de Enjuiciamiento Civil, puesto que ésta permite que se cumplan los trámites de juicio de desahucio y garantizar al propietario la recuperación de su vivienda», asegura Julio Capell, socio de Cuatrecasas. Así se protegería al propietario y se dinamizaría el mercado del alquiler.
Para Chantal Moll de Alba, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Barcelona, los 'tiros' van en la misma dirección. «Habría que mejorar los aspectos procesales. Sobre todo a efectos de ejecución de sentencias. En principio, los procedimientos de desahucio por falta de pago se han agilizado pero al final, a la hora de ejecutar la sentencia, los trámites se demoran y el piso no se libera tan fácilmente».
Las ventajas fiscales ofrecidas, entre otros, por el Ministerio de Economía y Hacienda en la nueva aplicación del IRPF -50% de rebaja en los beneficios obtenidos por alquilar un piso o la exención si se le alquila a jóvenes- no parecen suficientes. Los gobiernos del País Vasco, Cataluña y Galicia, así como el grupo parlamentario de IU-ICV, son partidarios de gravar fiscalmente las viviendas vacías.
NUEVO DECRETO DE INFORMACION AL CONSUMIDOR EN LA COMPRAVENTA Y ALQUILER DE VIVIENDAS EN ANDALUCIA
24/10/2006
Con el nuevo Decreto 218/2005, de 11 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de información al consumidor en la compraventa y arrendamiento de viviendas en Andalucía, a partir de su entrada en vigor el día 7 de febrero de 2006, se pretende alcanzar una mayor transparencia en el mercado inmobiliario, intentando aclarar y especificar los deberes de información a los consumidores, que deben cumplir los empresarios y profesionales, aunque actúen como meros intermediarios o corredores , en la oferta y publicidad destinada a la venta o arrendamiento de viviendas.
Se pretende que desde el primer momento se tenga información por parte de los posibles compradores de los datos fundamentales para tomar su decisión de compra o arrendamiento con pleno conocimiento de causa. Por ejemplo, si está prevista la entrega de dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma, se mencionará en cualquier publicidad que se efectúe, que las cantidades anticipadas se garantizarán mediante una póliza de seguros y una cuenta bancaria especial y exclusiva para los ingresos que se efectúen de forma anticipada.
Otra de las grandes novedades del Decreto supone el hecho de que los documentos que nos dan información relevante a la hora de decidir sobre si nos interesa o no comprar una vivienda se nos deben entregar gratuitamente si simplemente solicitamos información sobre ella. Podremos llevarnos esa información a casa y decidir luego tranquilamente sobre el tema. Hasta ahora esa documentación tan sólo se podía consultar si se solicitaba expresamente
Mas informacion:
- Telefono del Consumidor : 900 84 90 90 (gratuito)
- Delegacion Consejeria de Gobernacion.
Calle San Felipe, 5. 14003 Córdoba
Teléfono: 957 00 22 00.
- Punto del Consumidor. Ayuntamiento de Montoro.
Plaza de España, 1. 14.600 Montoro
Teléfono: 957 16 27 88
MAS ARMAS LEGALES DE PROTECCION AL CONSUMIDOR: REDONDEOS, CONTRATOS E HIPOTECAS
24/10/2006
La LEY DE MEJORA DE LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR erradica los redondeos y facilitará darse de baja de los contratos
El indeseado redondeo al alza de los aparcamientos o la pesadilla que supone darse de baja en una compañía telefónica van a encontrar un serio obstáculo en el Proyecto de Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, que quedó aprobada por el Congreso a comienzos de este mes y ha de iniciar ahora su tramitación en el Senado. El texto supone un paso adelante para poner fin a las cláusulas abusivas que sufren los consumidores al firmar sus contratos y para corroborar numerosos aspectos que ya estaban recogidos en la Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, como la prohibición del redondeo al alza, pero sobre los que quedaban algunas lagunas y resquicios en su aplicación que siguen perjudicando al consumidor. Además, responde a la advertencia llegada desde la Comisión Europea, que en 2003 denunció que España incumplía la directiva comunitaria en relación a las cláusulas abusivas a los consumidores.
A la espera de los últimos trámites parlamentarios, el Ministerio de Sanidad y Consumo calcula que la nueva ley entrará en vigor el próximo año. A partir de entonces, el consumidor deberá encontrar las mismas facilidades a la hora de darse de alta de un producto que en el momento de darse de baja. 'En la contratación con consumidores debe constar de forma inequívoca su voluntad de contratar o, en su caso, de poner fin al contrato', reza el texto. De este modo, el consumidor deberá quedar plenamente informado de los pasos a seguir para darse de baja ya desde el mismo momento en que contrata el producto.
La nueva ley establece también que la interpretación de las cláusulas de los contratos sea favorable al consumidor.
Las principales novedades
VIVIENDA. Los consumidores podrán contar con un poco más de libertad para contratar su hipoteca. Descontadas las dificultades para acceder al crédito, el cliente que quiera renunciar a la hipoteca que le propone la promotora de la vivienda no podrá ser castigado al subrogarse y contratar el crédito con otra entidad. La actual legislación ya respalda la posibilidad de cambiar de hipoteca en este caso y ahora quedará además descartada cualquier penalización para el cliente. La nueva ley prohíbe también trasladar al cliente los gastos de conexión a los suministros generales, es decir, la acometida de agua o de electricidad, ya que la vivienda ha de entregarse en condiciones de habitabilidad.
APARCAMIENTOS. La supresión total del redondeo al alza en los precios afecta de forma directa a los aparcamientos, que deberán empezar a cobrar por tiempo real en minutos. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en el Congreso concede una moratoria para la aplicación de esta exigencia de cinco meses para los aparcamientos públicos de titularidad privada y de hasta ocho meses para los que funcionan en régimen de concesión administrativa. En opinión de Facua, la ley pretende dar carta de legalidad con tal moratoria a los redondeos aplicados en los aparcamientos, que ya deberían haber quedado prohibidos de acuerdo con la ley de 1984 de Defensa de Consumidores y Usuarios.
AERONILEAS. Las campañas publicitarias de las compañías aéreas van a perder brillo a la hora de anunciar agresivas ofertas de vuelos. La Ley de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios establece la obligatoriedad de informar del precio total del producto. 'En toda información al consumidor sobre el precio de los bienes o servicios, incluida la publicidad, se informará del precio final completo, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan al consumidor y usuario y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación u otras condiciones de pago similares', señala el proyecto de ley.
TELEFONIA . La eliminación del redondeo en los servicios de telefonía es asignatura pendiente para el Gobierno y ni siquiera con la nueva ley queda garantizada su total supresión, según denuncian algunas asociaciones de consumidores. Las operadoras de telefonía móvil ya ofertan tarifas por segundos sin redondeo, si bien en Facua denuncian que estas tarifas resultan en la práctica más costosas que aquellas que sí lo aplican. 'Se trata de inclinar al cliente hacia las tarifas que siguen aplicando el redondeo', sostienen en Facua. Desde el Ministerio de Sanidad y Consumo puntualizan que la ley perseguirá cualquier cobro abusivo de tiempos que no hayan sido utilizados.
A estas medidas se une el anuncio del Gobierno de la bajada de las Comisiones por Cancelacion de Hipoteca con la NUEVA LEY DE REFORMA DEL MERCADO HIPOTECARIO:
- Reduccion de la Comision Bancaria por Cancelacion de
Hipoteca del 1% al 0,5 %
- Reduccion los costes notariales y registrales que supone
para los usuarios la cancelación de una hipoteca,
la reducción estará en torno al 40%.
- Desarrollo de Hipotecas Inversas ( ej. permuta de un
jubilado de la propiedad de su inmueble a cambio de una
renta vitalicia)
- Obligacion de Informacion bancaria sobre endeudadamiento
y evolucion de las hipotecas de sus clientes.
En definitiva mayor TRANSPARENCIA.
