SERVICIO ANDALUZ DEL ENCHUFE

La fiscalía superior de Andalucía ha remitido a la del Tribunal Supremo la denuncia presentada por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por el caso Matsa. La decisión obedece a que Chaves, acusado de un delito de tráfico de influencias por favorecer presuntamente con dinero público a la empresa donde trabaja su hija, era cuando tuvieron lugar los hechos presidente de la Junta y es ahora miembro del Gobierno. En ambos casos la competencia para analizar la causa no es autonómica.

En el decreto suscrito por el teniente fiscal y visado por el fiscal superior, Jesús García Calderón, se arguye la remisión de la causa a una instancia más alta. Indica que cuando se produjeron los hechos —la concesión de una subvención de 10 millones de euros a Matsa— Chaves era presidente de la Junta de Andalucía, por lo que seria de aplicación lo establecido en el articulo 118.5 del Estatuto de autonomía, que establece que la responsabilidad penal del presidente de la Junta será exigible ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Así es también aunque no desempeñe su cargo si los hechos que se le imputan tuvieron lugar durante el ejercicio del mismo.

Por otra parte, la ley orgánica del poder judicial obliga asimismo a que la investigación recaiga en el Supremo por su condición de vicepresidente tercero del Gobierno. Así, su articulo 57 establece que la sala de lo penal del TS conocerá, entre otros casos, de la instrucción y el enjuiciamiento de las causa contra los miembros del Gobierno, así como de aquellas otras que determinen los estatutos de autonomía.

En consecuencia, en cualquiera de los casos que han sido contemplados corresponde la competencia para la valoración de los hechos a la fiscalía del Tribunal Supremo, en virtud de lo establecido en artículo 21.1 del estatuto orgánico del ministerio fiscal.

Por otra parte, Manuel Chaves, volvió ayer a someterse en el Congreso a preguntas del PP sobre el caso Matsa. El vicepresidente tercero volvió contra los populares las acusaciones y acusó al PP de oscurantismo y de ser «maestro en los apagones estadísticos», destacando la «ocultación del 11 de marzo de 2004» y del accidente del Yak 42. Chaves defendió la transparencia de su gestión y se permitió presumir: «cuando uno se gana su sitio durante 20 años, es por algo».

En tono agresivo, instó al PP a pedir la dimisión «de quien siempre les conduce a la derrota», en alusión a Javier Arenas, y volvió a negar que su hija Paula interviniera como apoderada «en ningún trámite y en ningún momento» de la concesión del incentivo.

El diputado popular Juan José Matarí preguntó a Chaves si considera admisible que quien preside un Consejo de Gobierno participe en una toma de decisiones estando incurso en causa de incompatibilidad y le espetó si piensa dimitir «y estar a la altura». Según el PP, Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades andaluza mientras era presidente de la Junta al no abstenerse en el Consejo de Gobierno que concedió la ayuda a Matsa.

A ello, Chaves consideró que debería ser Matarí el que se declarara incompatible «con el trabajo sucio que le encarga el que siempre miente y nunca da la cara». La única incompatibilidad en este asunto, prosiguió, es la del PP con la verdad, porque sólo pretende fabricar «una gran mentira».

Mientras, y en otra respuesta en la sesión de control, Chaves aseguró al parlamentario del PP Juan Manuel Moreno que «siempre» ha cumplido con sus obligaciones y responsabilidades de transparencia y publicidad como presidente de la Junta andaluza.