Los causantes de la situación de precariedad económica, de miles de familias andaluzas, les obvian el 28-F
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AGENCIAS - Sevilla - 01/03/2010
Los líderes de la oposición, Javier Arenas (PP) y Diego Valderas (IU) calificaron ayer de "partidista e impropio" el discurso de la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, con motivo del Día de Andalucía, y cuestionaron su "escaso" compromiso con los andaluces que padecen la crisis.
Arenas destacó la tristeza de un día en el que "hay que acordarse" del millón de parados, de las 350.000 familias que no tiene ingresos y de las personas que están afectadas por las inundaciones. Y lamentó la "orientación partidista y el discurso de pasado" de Coves, porque, según él, se centró "muy poco" en los parados.
"No están reflejados los que sufren la crisis ni se ha espoleado a los que la han causado", opinó Valderas del discurso de Coves, a quien acusó de "justificar" a un Gobierno que "genera poco empleo y mucha lírica". En las antípodas se situó el portavoz socialista, Manuel Gracia: "Valiente y comprometido con la realidad".
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2010-02-16
En 2009, la UGT ingresó procedente de la Junta de Andalucía, 52 millones de euros, una cantidad superior a la media ingresada en los cuatro años anteriores, 2004-2008, que ciframos en unos 30 millones de pesetas aproximadamente. Es decir, la crisis no afecta a UGT. Al contrario, como hay más paro y más problemas laborales, recibe más dinero para la inserción, intermediación y formación.
UGT había recibido en calidad de subvenciones de 2004 hasta febrero de 2009 la cantidad de 122.433.196 euros, esto es, unos 30,5 millones de euros al año. Hay que precisar que en estas cantidades no están reflejadas todas las subvenciones obtenidas por las Fundaciones y organizaciones afines que controlan estos sindicatos, ni otros ingresos sindicales por lo que podemos decir que las finanzas sindicales cuentan con un importantísimo grado de opacidad.
En 2009, salvo error de suma, la UGT ha recibido de la Junta la cantidad, en términos redondos, de 54 millones de euros, unos 9.000 millones de pesetas sumados los ingresos de la UGT y sus fundaciones. De ellos, 42 millones se les ha entregado por diferentes conceptos relacionados con la formación, muy especialmente de ocupados, y la inserción laboral de parados.
No es posible concretar qué objetivos se han marcado, qué plazos de ejecución y qué resultados se han obtenido. La única que tiene acceso a todos estos datos es la Junta de Andalucía y jamás los ha hecho públicos. (Puede ver los datos de 2009, aquí y los datos de los cuatro años anteriores, aquí).
Aunque se trata de un dinero "finalista", es un dinero para "hacer algo concreto con él", pero nada se sabe si la UGT contempla o no la percepción de un porcentaje del mismo en concepto de retribución de la gestión. En el caso de destinar, por ejemplo, un 15% a la misma, estaríamos hablando de unos ingresos libres y netos de más de 6 millones de euros.
El resto del dinero, aproximadamente unos 12 millones de euros han sido ingresados en las cuentas de la UGT por varios conceptos, desde aportaciones a la celebración de congresos concretos, a la financiación de gastos corrientes y mejoras de la calidad en el empleo en determinados sectores, entre otros, sin que consten objetivos específicos en los mismos.
No hay muchas empresas andaluzas que tengan 52 millones de ingresos anuales, de los que entre un 23 y un 34 por ciento puedan ser dineros de libre disposición y no condicionados.
Todas estas investigaciones sobre el destino de un dinero público, se podrían terminar si la UGT-A explicara públicamente, como gran parte del dinero que ingresa, cuáles son sus ingresos y gastos.
10 preguntas para la UGT Andalucía
Luis María Anson decía escribio en 2009 en el diario El Mundo una de su "Cartas boca arriba":
"¿Cuántos empleados tenían UGT y Comisiones Obreras en 1978? ¿Cuántos tienen ahora? ¿Qué presupuesto manejaban en 1978? ¿Y ahora? Una parte sustancial de vuestros gastos la pagamos entre todos los españoles a través de unos impuestos directos e indirectos que rayan con la confiscación. Ignacio Camacho ha escrito certeramente: A unos sindicatos de clase les debería sonrojar que el presidente del Gobierno al que se le ha declarado el país en quiebra se manifieste en pleno acuerdo con sus menguadas reivindicaciones. De no chirriar con su papel institucional, Zapatero iría hoy a sujetar la pancarta. Las centrales son su fuerza de choque, la correa de transmisión de su estrategia neoperonista".
Retomamos sus preguntas y las ampliamos por si un día UGT decide responderlas en sede parlamentaria, como sería menester, o ante los medios de comunicación:
1.-¿Qué presupuesto tenía en 1990 y cuál tiene ahora?
2.-¿Cuántos locales y edificios tenía en 1990 y cuántos tiene ahora?
3.-¿Cuántos ordenadores, fotocopiadoras, medios diversos tenía en 1990 y tiene ahora?
4.-¿Cuántos trabajadores hay ahora en centros de trabajo de UGT y sus fundaciones y cuántos había en 1990?
5.-¿Qué tasa de temporalidad tenían sus trabajadores en 1990 y cuál tienen ahora?
6.-¿Qué tasa de afiliación tenían en 1990 y cuál tienen ahora? ¿Cuántos afiliados reales, es decir, al día de las cuotas y cuántos ahora?
7.-¿Cuántos liberados reales tiene en Andalucía en empresas privadas y públicas?
8.-¿Cuánto dinero ingresó procedente de los Ayuntamientos y Diputaciones en toda Andalucía desde 1990 a 2010?
9.-¿Cuánto dinero ha ingresado procedente de la Junta de Andalucía por los diferentes conceptos desde 1990 a 2010?
10.-¿Cuánto dinero ingresa procedente de negocios particulares, empresas propias, acuerdos secretos con empresas en operaciones de regulación de empleo, etc. desde 1990 a 2010?
11.-¿Cuánto dinero ha ingresado en concepto de cuotas de afiliados desde 1990 a 2010?
12.-¿Ha recibido otros dineros no mencionados en ninguna de las preguntas anteriores?
Hay más preguntas pero, para empezar, estas bastan.
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La caída de la Bolsa española fue obra de especuladores bajistas que aprovecharon la falta de confianza que ofrece la economía. El 'jueves negro' ha sido la constatación del riesgo de que España no sea capaz de pagar su deuda, y ante esta percepción, los inversores internacionales comenzaron a desinvertir en Bolsa y, por tanto, las posiciones bajistas hicieron su agosto.
Los especuladores bajistas actúan cuando consideran que una acción va a caer. Venden masivamente títulos prestados, lo que provoca una caída en el precio de la acción. Después recompran esas acciones a un precio inferior y devuelven los títulos al prestamista. Si por ejemplo, han vendido acciones por valor de 50.000 euros y las han recobrado por valor de 40.000, ganarán el diferencial (10.000 euros) menos los intereses por el préstamo y otras comisiones.
La caída de la Bolsa no tiene que ver con unos resultados empresariales negativos, sino con el miedo a que la situación de la economía española empeore y con la acción de que aquellos que piensan que así será.
ESTAMOS EN UNA CUEVA
José Carlos Díez publica en su blog en Cinco Días que hay que salir de la cueva:
Aquí hay dos opciones: seguir encadenado dentro de la caverna mirando las sombras que producen los medios internacionales, algunos nacionales y la banca de inversión sobre nuestra economía o salir de la cueva y mirar directamente a la realidad.
ESPAÑA ES LA T4 DE BARAJAS
El economista se lamenta de la severidad con la que nuestro país está siendo juzgado fuera. De hecho, la economía española siempre ha sido cuestionada, cabe recordar el famoso apodo de Financial Times, PIGS. Pero añade que somos nosotros mismos los que no nos creemos la imagen que queremos proyectar fuera:
"El problema no es que muchos Ian Campbell que lo único que conocen de España es la T-4 de Barajas y Benidorm cuestionen nuestra capacidad, el problema es que dentro somos más pesimistas aún"
LA PEREZA DEL GOBIERNO
Especial mención merece el post publicado por Manuel Conthe (ex presidente de la CNMV) en su blog en Expansión bajo el título 'El coste de la desconfianza'. Allí ofrece una visión de lo que ocurre en España desde hace meses:
El dilema para los gobernantes siempre es parecido: antes de que la crisis se desencadene, incluso aunque sean conscientes de la gravedad de los problemas, les "dará pereza" abordarlos y adoptar medidas dolorosas e impopulares. Negarán, pues, la gravedad de la situación...
Y el Ejecutivo así lo ha hecho:
La tentación del gobernante imprudente será descalificar esas opiniones críticas -como ha hecho hoy la Vicepresidenta Salgado con Krugman e incluso con el Comisario Almunia...y le falta coraje para adoptar medidas correctoras.
No obstante, matiza que la oposición también comparte culpa ya que merma la confianza.
HERIDA GRAVE
José Antonio Fernández Hódar, analista de Expansión, pone un título que asusta: 'La bolsa española ha quedado seriamente tocada':
El riesgo país está provocando una estampida de inversores y van a ser necesarios muchos meses de buen hacer, y de aplicar medidas tan drásticas como graves, para que el dinero regrese a los valores de calidad de la bolsa española.
ZP, NO PODEMOS COMUNICAR POR TÍ
Más contundente es el Subdirector de Finanzas.com, Manuel Moreno, que lapida: 'Gobierno de España: No podemos comunicar por tí...ni por nosotros'. El post hace un recorrido por los últimos días y los desastres del Pensionazo y cómo esto se ha visto fuera de nuestras fronteras.
"El Gobierno de España se ha esforzado por transmitir a la comunidad internacional que está haciendo reformas en la vía correcta, pero como lo hace comunicando mal y a destiempo, consigue el efecto contrario y vuelve a surgir en el ambiente el "síndrome de Grecia", alentado, por cierto, por ciertos sectores mediáticos e inversores especialmente interesados"
"A la mala comunicación del Gobierno se suma la mala comunicación de la oposición, que de todo hace bandera de combate y pone su granito de arena en extender el desconcierto y en colaborar a que la imagen de España pierda enteros en la comunidad internacional"
El periodista lo tiene claro: ellos lo hacen mal y lo comunican peor.
ESPECULADORES CON FUNDAMENTO
Más técnico es uno de los post publicado en el Blog Salmón bajo el título 'Llegaron los especuladores para hundir las bolsas'.
En este explican que pese a que ZP se empeñe en echar culpa a los especuladores, hay más factores que fomentan el desastre de ayer:
El primer factor es que no se puede tener una bolsa sobrevalorada en una economía en recesión
El sistema financiero español no juega en la Champion League. Por más beneficios que obtenga Santander o BBVA, los inversores saben que hay problemas y que el "ladrillazo español" no va a tardar en golpear fuertemente a todo el sistema financiero
INTERROGANTES DE UN INVERSOR:
Juan Carlos Ureta, presidente de Renta 4, publica en Hilando Fino, de la información.com unos interrogantes:
Los optimistas quieren convencernos de que el cuadro económico de nuestro país está más que descontado en los mercados y que lo de ayer es sólo una sobre reacción. ¿Seguro?
Repasa los factores que han sustentado esta caída que van desde la falta de confianza, los resultados empresariales y los datos macroeconómicos. Para terminar, el plano político:
Y en lo político, ¿cómo podría cotizarse la posibilidad de una moción de censura al Gobierno reconocida ya oficialmente por la oposición? Como ayer, con un desplome generalizado.
Inconcebible y difícil de justificar si queremos convencer a alguien de que no estamos en el mismo saco de Grecia o Portugal
LA IMAGEN
Para terminar, una imagen vale más que mil palabras. El economista publica una viñeta de Zapatero echándose una siestecita. Como manta periódicos con las tristes noticias
http://www.libertaddigital.com/
2010-01-25
http://www.libertaddigital.com/
2010-01-09
La Asociación de Internautas, blogueros, juristas y organizaciones de usuarios reunidos para analizar y dar una respuesta al plan "antipirateria" del Gobierno, que contempla el cierre o bloqueo de páginas de descargas ilegales, "nos acerca hacia el secreto administrativo de la época franquista".
"Partimos de las declaraciones que hizo tras el Consejo de Ministros el ministro de Justicia (Francisco Caamaño), porque todavía no tenemos el texto legal, y según estas afirmaciones las medidas legales que preparan suponen un retroceso en los derechos y libertades que se habían conseguido", ha explicado Javier Maestre, abogado experto en propiedad intelectual y nuevas tecnologías y uno de los portavoces de la Asociación de Internautas.
Estas organizaciones, que llevan reunidas desde la mañana del sábado, quieren dejar claro que están de acuerdo en declarar "el carácter incorrecto de la actual legislación en materia de propiedad intelectual", y "particularmente esta media última que parece que ha tomado el Gobierno, por ser un retroceso en materia de derechos y libertades fundamentales que hasta el momento se habían conseguido".
No obstante, Maestre ha señalado que esta es una declaración de principios básicos, pero que hasta que no tengan el texto legal definitivo en las manos y lo puedan analizar no pueden señalar las medidas que van a tomar para dar respuesta al plan.
"Ya hemos creado un grupo de trabajo. Cuando conozcamos el proyecto, parece que el lunes o martes, adoptaremos una ruta de trabajo concreta", ha concluido Maestre.
El Consejo de Ministros aprobó remitir a los órganos consultivos -Poder Judicial y Consejo de Estado- el anteproyecto de ley que contempla la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, que podrá remitir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional las denuncias recibidas contra páginas de descargas ilegales.
Estas páginas podrán ser bloqueadas o cerradas por orden de un juez de la Audiencia Nacional una vez oídas las partes implicadas.
23/12/2009
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Se 'columpió' con un reportaje sobre el homenaje a un Guardia Civil
El ministro de Interior desmintió los pilares en los que se sustenta el artículo
Redacción, 22 de diciembre de 2009 a las 10:33
El País publica en su edición de hoy una carta del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, respondiendo a un artículo que el diario publicó el pasado domingo.
Rubalcaba responde atónito a una información que difundió el periódico sobre un acto que el ministro presidió y que a él mismo le "cuesta reconocer".
"El artículo publicado por El País mueve a escribir esta carta, no sé si de rectificación o de puntualización, pero que en todo caso considero de estricta justicia"
"No vi mil hombres, ni helicópteros, ni recuerdo haber escuchado el vuelo de avión alguno"
"Quizá convenga si acaso precisar que quienes formamos parte de la cena pagamos a escote 50 euros"
Extracto del reportaje de El País titulado Un homenaje poco general:
José Manuel García Varela, teniente general de la Guardia Civil y considerado el primer alto mando de dicha institución, firmó su propio acto de despedida (pasa a la situación de retiro) con la organización de un gran desfile.
Según oficiales consultados, la orden del desfile, celebrado el pasado viernes, supone movilizar cerca de 1.000 efectivos, incluida la seguridad. A ello hay que sumar 14 motos, 12 vehículos, 5 helicópteros (de un total de 20 con que cuenta la Guardia Civil) y un avión (de los dos en activo). El jueves 17 de diciembre se celebró un ensayo.
Para la despedida de García Varela tampoco se autorizó la presencia de medios de comunicación en el acto, aunque estaba presidido por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien igualmente acudió a una cena celebrada en El Pardo y a la que asistieron unos 500 comensales.
Extracto de la carta de puntualización enviada por Rubalcaba, titulada 'Puntualizaciones sobre el homenaje a un general':
En EL PAÍS de ayer se publica un artículo con el título de Un homenaje poco general, que me mueve a escribir esta carta, no sé si de rectificación o de puntualización, pero que en todo caso considero de estricta justicia. Efectivamente, el pasado viernes 18 se celebró en el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro (Madrid) el acto de despedida de la bandera del teniente general José Manuel García Varela. Un acto éste, el de despedida de bandera, que se lleva a cabo de forma habitual cuando pasa a la reserva un general de la Guardia Civil. El artículo describe un acto que me cuesta reconocer, a pesar de que, como en el propio texto se relata, tuve el honor de presidirlo. No vi mil hombres, ni helicópteros, ni recuerdo haber escuchado el vuelo de avión alguno. Asistí a un desfile modesto en el que participaron, básicamente, unidades que tienen su sede en Valdemoro, junto con una pequeña parte de los alumnos de dicho centro.
Y éste es, finalmente, el sentido de mi carta. Dar a conocer a sus lectores quién es realmente el teniente general Varela, y reparar, en la medida en que ello sea posible, el daño que un artículo como el que comento pudiera haber supuesto para su imagen. Una cosa para finalizar. El acto, como ya ha quedado dicho, se celebró. También la cena de amigos a la que se refiere el artículo. Quizá convenga si acaso precisar que quienes allí fuimos, sus amigos, pagamos a escote 50 euros.
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El sueldo de un consejero de Renfe es de 22.000 euros
José Javier Cubillo, de UGT y consejero de Renfe, fue clave en la cesión de 32 trenes a las centrales
E. M. / E. G, 07 de diciembre de 2009 a las 10:21
Las cúpulas de los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), acumulan cargos de responsabilidad en un buen número de empresas privadas y consejos de administración de la compañías públicas.
Son poco más de 50 personas, pero participan en las decisiones fundamentales de las compañías. Están Renfe, Adif, Caja Madrid e incluso en el gigante luxemburgués Arcelor-Mittal, uno de los mayores productores mundiales de acero, en cuyo consejo estuvieron el actual secretario de CCOO y antes que él el responsable del Metal de UGT.
Polémica cesión
La polémica por la cesión de Renfe de 32 trenes para que los sindicatos participen en una marcha antiempresarial el próximo 12-D despertó toda clase de suspicacias, pero la pregunta era por qué resultó tan fácil la concesión de la operadora pública a UGT y Comisiones Obreras cuando otros colectivos no pudieron lograrlo.
Los dos sindicatos mayoritarios, que cuentan con 2,2 millones de afiliados que en su mayoría pagan 10 euros mensuales por pertenecer a ellos, están presentes en el consejo de la operadora pública, que cuenta con 17 personas.
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La red opaca de Chaves y Zarrías costó 5.300 millones en 2008
Una Administración paralela de 54 empresas sin control del Parlamento
Periodista Digital, 16 de noviembre de 2009 a las 08:08
¿Para qué sirven en Andalucía las 15 consejerías que integran el organigrama de la Junta, con sus correspondientes plantillas de personal, que suman más de 250.000 funcionarios, y con un presupuesto de 31.961.796.132 euros en 2008?
Al parecer, para poco. Revela Paloma Cervilla en ABC -"La red opaca de la Junta andaluza costó 5.300 millones en 2008"- que la Administración socialista, que presidió durante veinte años el hoy vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha tejido durante todos estos años una Administración paralela de 54 empresas -según denuncia el PP- que escapa de cualquier control del Parlamento, que le permite realizar contrataciones a dedo de unas 20.000 personas (19.751 era su plantilla de trabajadores en 2007), sin ajustarse a la normativa que se aplica en las Administraciones públicas y cuyo funcionamiento es una auténtica incógnita.
Además, el trabajo que realizan es el mismo que pueden llevar a cabo esas 15 consejerías, insiste la denuncia del PP.
DESPILFARRO
Pero si es grave que la Junta haya creado este entramado empresarial opaco, no es peor el coste que está teniendo para el bolsillo de los andaluces, un auténtico despilfarro en época de crisis, como así lo han reiterado una y otra vez los portavoces de la oposición en Andalucía.
En 2008, en plena recesión económica, este entramado de empresas ha tenido un coste de 5.282.639.111, 13 euros, según los datos de la Cuenta General de 2008 de la Junta de Andalucía, que todavía no se han hecho públicos y que están pendientes de fiscalización.
Esta cifra es la suma de las obligaciones de pago reconocidas por la Administración socialista en 2008 y de las cantidades que, por ese mismo concepto, quedaron pendientes en los ejercicios de 2006 y 2007.
De este montante global de más de cinco mil millones, la cantidad pagada ha sido de 3.835.453.282,60, por lo que la diferencia se acumulará a las cantidades pendientes a lo largo del ejercicio de 2009.
Para entender cómo se financian estas empresas, hay que recordar que la Junta de Andalucía le transfiere este dinero en concepto de subvenciones, encomiendas de gestión, ampliaciones de capital o la solicitud para que le realice un determinado servicio.
No tienen un presupuesto propio como tal. De hecho, hay empresas, como el caso de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional o el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que no han recibido en 2008 ni un euro de la Junta.
De los algo más de cinco mil millones de euros que la Administración andaluza reconoce que tiene que pagar a 31 de diciembre de 2008, hay que destacar la parte correspondiente a este único año (2008), que son 3.640.103.164,16, de los que ya ejecutó 2.490.285.619,86 euros.
La cantidad reconocida que arrastra de los ejercicios de 2006 y 2007 es de 1.642.535.946,97 y lo pagado de 1.345.167.662,74. Esta deuda que arrastra es consecuencia de que, en algunas ocasiones, la Administración no es puntual en sus pagos.
Aunque hay empresas, como es el caso de Cetursa Sierra Nevada, Infraestructura Turística de Andalucía o Promonev, en los que a final de 2008 la Junta les pagó el cien por cien de los compromisos adquiridos; hay otras, como la Agencia Andaluza de la Energía, a la que tan sólo le ha pagado un 19 por ciento; la Empresa Pública de Puertos de Andalucía, a la que le ha abonado un 18 por ciento, o Verificaciones Industriales de Andalucía, que tan sólo ha ingresado el 12 por ciento.
CONGLOMERADO OSCURO
Aunque este oscuro conglomerado de empresas ha escapado siempre del control del Parlamento, de quien no puede escapar es de la lupa de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la legalidad que vigilan los tribunales de justicia.
Estas dos instituciones sí que han alertado, en más de una ocasión, de las irregularidades que se producen en su funcionamiento.
¿Cuáles serían esas irregularidades? Fundamentalmente una: la de encargar, por parte de la Junta de Andalucía, las denominadas «encomiendas de gestión» a las empresas.
En román paladino, encargar el trabajo de los funcionarios a los de las empresas públicas, que no lo son.
Estas actitudes han terminado por soliviantar a los sindicatos, que han recurrido a la Justicia para hacer valer sus derechos, a través del Sindicato Andaluz de Funcionarios. Y le han dado la razón.
Un auto de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, adelantado por ABC en su edición del pasado día 11, ordenaba la suspensión cautelar de la encomienda de gestión de la Junta a la empresa Sadesi.
El auto dejaba claro que este tipo de contrataciones a empresas públicas son «contrarias a la Ley y suponen el reflejo de la huida del derecho administrativo que está experimentando la Administración andaluza variando de contenidos las atribuciones y funciones de los funcionarios públicos».
JUECES Y JUSTICIA
El citado auto judicial señala que este tipo de trabajos pueden ser realizados «por los numerosos funcionarios que tiene la Administración autonómica a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto».
No es este el único recurso del sindicato andaluz a las encomiendas de gestión de la Junta a las empresas públicas. Tienen otros cinco, relativos a la encomienda de gestión de la Consejería de Medio Ambiente a Egmasa, de la de Igualdad a Fadais, de Empleo a Faffe y de Gobernación a Egmasa.
Si desde los tribunales de justicia se está poniendo freno a estas irregularidades, a la Cámara de Cuentas le corresponde lanzar advertencias sobre las mismas. Precisamente, la empresa Sadesi ha sido una de las auditadas por el organismo fiscalizador andaluz, en la que se han detectado mayores irregularidades.
Esta empresa subcontrata los servicios que la Junta le encarga, lo que supone un aumento del coste para los andaluces. La Consejería de Innovación lo podría hacer directamente.
http://www.porandalucialibre.es/
| Escrito por Por Andalucía LIbre | |
| jueves, 05 de noviembre de 2009 | |
 La Diputación de Málaga regida por el desacreditado dirigente socialista Salvador Pendón - el que mandaba SMS tas el 11-M y en vísperas de las elecciones y quien pegó y fue condenado por ello a militantes del PP- no ha dado los datos de algunos asesores acusados e trabajar para el PSOE no para la Institución. De este modo, y ante la falta total de transparencia, la Fiscalía ha pedido a la Diputación los dato de los cargos de confianza y nombrados a dedo de la Diputacion Provincial. En realidad, la denuncia fue contra la asesora socialista Paticia Alba según recogió El Mundo.La Fiscalía de Málaga ha decidido, pues, investigar la contratación de cargos de confianza de la Diputación Provincial de Málaga, y en especial la de los asesores adscritos a los diferentes grupos políticos. Para ello el fiscal jefe de Málaga, Antonio Morales, incoó el pasado 28 de septiembre las diligencias de investigación penal número 399/09, y el fiscal encargado de las mismas solicitó esta semana a la Secretaría de la Diputación Provincial la información relativa a todos y cada uno de los contratos de asesores y cargos de confianza del organismo, según fuentes del mismo. Pero hábilmente la Fiscalía quiere dejar de lado el asunto principal investigando a todos. En realidad, las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 23 de septiembre por el que fuera portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Roque Manchado, que denunció que la actual portavoz del PSOE en Alhaurín de la Torre, Patricia Alba, había sido nombrada cargo de confianza de la Diputación Provincial mediante un decreto fechado el 14 de noviembre de 2007, pero que su nombre no se había hecho constar en la relación de puestos de libre designación publicada en la página web del organismo supramunicipal. Según el denunciante, la ausencia del nombre no es baladí. «Eso es así porque la señora Patricia Alba no ejerce ningún cargo de confianza con respecto a ningún órgano de la Diputación, sino que presta sus servicios a un partido político como es el PSOE», manifiesta Manchado en su denuncia. Es decir, se la contrata para la Diputación pero trabaja realmente para el PSOE, como en el caso de Almería. El nombramiento de Alba, además, habría sido ilegal, según la denuncia, pues el Tribunal Supremo ha determinado ya que los puestos de confianza «son excepcionales y su validez está condicionada a que sus cometidos se circunscriban a esas funciones de confianza y asesoramiento especial que legalmente delimitan esta específica clase de personal público». Pues resulta francamente curioso que la misma Alba, ida al monte a caza "peperos", apuntabadirectamente contra una concejal, María José Álvarez, simplemente porque su hija, psicóloga en paro, la ha enviado la propia Junta de Andalucía junto con tres más, para concursar a una plaza subvencionada por la propia Junta para un trabajo de seis meses sin posibilidad de renovación, y la chica ha sido elegida por la empresa por meritos propios. De locos. María José Álvarez no es la directora de la oficina del Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Junta, que ha sido quién ha enviado a Bibiana Villalta como aspirante a la plaza, o, a lo mejor, la han enviado para eso, para tener una excusa de disparar contra la madre. Cualquiera sabe, con las órdenes de crispar el ambiente que tiene el PSOE, no sería extraño. ¿Cómo es posible que la asesora no conste en la relación de puestos de confianza ni tenga despacho propio? En el decreto de nombramiento de Patricia Alba, el número 5650/2007, se especifica que la afectada «no trabaja para ningún órgano de la Diputación Provincial», ya que los grupos políticos «no son órganos de la Diputación y no pueden tener ningún cargo de confianza». En la denuncia se argumenta que en la Administración local de las diputaciones provinciales regulada por la Ley de Bases de Régugimen Local de 1985 estos grupos no son órganos de gobierno. Por ese motivo el nombramiento sería «nulo de pleno derecho», según Manchado, que apunta que la citada ley «prohíbe expresamente que se utilice dinero público para cargos que no son de la Administración Pública». «Si el PSOE como partido político, como grupo municipal o grupo político quiere pagar a la señora Alba por los servicios prestados, que le pague de los fondos de dicho partido político, pero no puede permitir subterfugios ilegales para que se le pague con dinero público de todos los malagueños», agregaba el ex portavoz socialista en Alhaurín de la Torre. En la denuncia se precisa que Patricia Alba, «supuesto cargo de confianza del presidente de la Diputación, no tiene ningún despacho asignado en la Diputación, en la Presidencia, ni órgano de la misma». Alba «tampoco presta servicios de asesoramiento o cargo de confianza al presidente de la Diputación, por lo que cabe suponer que no trabaja para la Diputación». Por todo ello Manchado pidió a la Fiscalía una investigación, «por si se estuviera utilizando presunta e ilícitamente fondos públicos para pagar a estos cargos de confianza que trabajan para un partido político». La institución provincial deberá ofrecer ahora información detallada sobre sus contrataciones al Ministerio Público. |
