VALORACIONES SOBRE LA LEY DE DEPENDENCIA
12/07/2008
La Ley de dependencia ha supuesto durante el 2007, un nuevo escenario de protección social, ante el que los Trabajadores Sociales como profesionales de referencia del actual Sistema Público de Servicios Sociales e implicados directamente en la atención a personas en situación de dependencia, tanto desde este Sistema como desde los que constituyen el Estado de Bienestar – Sanidad, Prestaciones y Educación -, valoramos los aspectos positivos que suponen el desarrollo de una Ley General que ha venido a abordar la prevención y el apoyo a la autonomía de las personas que se encuentren, ya sea de forma coyuntural como permanente, en dicha situación, al igual que a los familiares de las mismas. Pero sobre todo, celebramos la elevación a derecho subjetivo de las personas en las distintas situaciones a acceder a unas prestaciones y recursos necesarios para que su dignidad no se vea vulnerada. Universalizar de esta manera el acceso a las prestaciones y recursos supone un gran avance en el reconocimiento de los derechos sociales como derechos fundamentales.
Pero tras su primer año de desarrollo, como en toda norma legal, se detectan carencias que requieren de una reflexión entre todos los agentes sociales, profesionales e institucionales que inciden en la misma.
Entendemos que el desarrollo normativo en Andalucía, ha llegado con retraso, se han comenzado las valoraciones tres meses mas tarde, se han acumulado las resoluciones en el tercer cuatrimestre del año, con el consecuente efecto embudo para los Servicios Sociales Comunitarios, que ha provocado presiones políticas para dar salida de formar acelerada, produciéndose valoraciones de grado de dependencia no ajustado al perfil de personas con imposibilidades para la realización de actividades de la vida diaria. Los datos oficiales facilitados por el Ministerio de educación, Política Social y Deportes del 5 de mayo, sitúan a Andalucía como primera comunidd en resoluciones, si bien, de las 160.805 solicitudes presentadas, el 75% aproximadamente han sido resueltas en los tres últimos meses del 2007 y 3 primeros del 2008
El decreto regulador de intensidad e incompatibilidades, así como el régimen especial de la seguridad social para los cuidadores no profesionales, esta produciendo un efecto inverso, llegándose en muchos casos a renuncias por parte de las personas en situación de dependencia a la percepción de prestaciones económicas, o en el caso de servicios, ha tener que costearlos.
No se ha logrado una adecuada planificación, ni un sistema de información claro, efectivo y personalizado, al mismo tiempo que se ha impedido establecer guías de intervención y diseño de procesos que permitan el acceso a los servicios y prestaciones de forma ágil.
La falta de coordinación interinstitucional en los niveles sociales y sanitarios, además del que se presume en el propio sistema público de servicios sociales, ha triplicado las mismas intervenciones con los usuarios, e incluso ha llegado a producirse situaciones de intrusismo profesional desde el ámbito sanitario.
No se ha facilitado desde la administración, que los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios, cuenten con toda la información y medios necesarios para la eficacia de su trabajo, y se han dado instrucciones en algunos casos, contradictorias y en perjuicio de los propios usuarios. A pesar de existir refuerzo de profesionales, los servicios sociales se encuentran colapsados por el excesivo trámite burocrático por la falta de operatividad de la aplicación informática.
A pesar del desarrollo normativo en Andalucía, las ayudas técnicas y sanitarias no están recogidas en el catalogo de prestaciones, por lo que casos de dependientes hospitalizados, se ven obligados permanecer en los centros sanitarios, y sin posibilidades de que se le valore su grado de dependencia.
Por último la formación realizada por la Junta de Andalucía a los profesionales, en algunos casos ha sido innecesaria y en otros insuficiente.
Por ello desde el Colegio Profesional, y en el marco del observatorio andaluz sobre dependencia promovido por el Consejo Andaluz, se hace necesario reflexionar sobre el grado de implantación de la ley, sus carencias, introducir nuevos criterios de acceso, intensidad así como reducir las incompatibilidades, el posible quebrantamiento que podría originar por la insuficiencia de servicios , la carencia de coordinación de los servicios sociales y sanitarios, la vigencia del actual sistema publico de servicios sociales. Todo ello requiere de un abordaje urgente, que permite recuperar las expectativas generadas por la Ley y con ello, pueda igualmente, ser un verdadero derecho subjetivo .
José María Romero | Presidente del Colegio de Trabajadores Sociales de Córdoba
